El presidente de Denaria, la plataforma que aboga por la preservación del uso del dinero en efectivo, argumenta que la reciente modificación en la Ley de Vivienda entra en conflicto directo con la protección de los consumidores. Javier Rupérez sostiene que la nueva disposición, que altera el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para establecer el pago de la renta a través de medios electrónicos, es cuestionable, a pesar de las excepciones mencionadas en el texto. Según la Ley General de Consumidores, rechazar el pago en efectivo dentro del límite de 1.000 euros es ilegal.
La Ley de Vivienda, en vigor desde mayo, introduce varias modificaciones, entre ellas, alteraciones en la LAU. El presidente de Denaria destaca el cambio en el artículo 17, que ahora establece: “El pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada”.
Según Rupérez, este enfoque hace que la normativa actual sea “ilegal”, ya que entra en conflicto directo con la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que garantizaba el derecho a pagar en efectivo. “La Ley de Vivienda es ilegal. Uno de los artículos dice que los alquileres se tienen que pagar por transferencia. Eso va en contra de la ley de 2022 que establecía la obligación de aceptación del efectivo”, afirmó Rupérez durante la presentación de la tercera edición de la encuesta sobre el uso del dinero efectivo en España elaborada por GAD3.
Paralelamente, el artículo 47 de la Ley General de los Consumidores enumera las infracciones en defensa de los consumidores, señalando como infracción “la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal”.
Estos límites legales son de 1.000 euros en efectivo, lo que genera conflictos con numerosos contratos de arrendamiento en curso. Rupérez destaca el desacuerdo, defendiendo el derecho a usar efectivo dentro de los límites legales y cuestionando la restricción de 1.000 euros como una cantidad demasiado limitada en comparación con otros países de la Unión Europea, que tienen límites más altos o incluso ninguno. Denaria aboga por aumentar el límite a al menos 3.000 euros.
