Cada vez más individuos optan por adentrarse en la práctica del autoconsumo con el propósito de generar la energía necesaria en sus residencias, buscando disminuir su impacto ecológico y contribuir a la mejora del entorno, además de ahorrar en los gastos de electricidad.
Desde la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018, que introdujo cambios significativos para el fomento del autoconsumo basado en fuentes renovables, se ha observado un aumento notable en la instalación de paneles solares en edificaciones y viviendas particulares. Esta normativa derogó el conocido ‘impuesto al sol’ y allanó el camino para el autoconsumo compartido.
Posteriormente, tras la promulgación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, se establecieron regulaciones para el autoconsumo compartido.
Cuando se llevan a cabo obras e instalaciones de sistemas fotovoltaicos que afectan a áreas comunes, como por ejemplo en terrazas o techos, es esencial que los propietarios del edificio lleguen a un consenso. La realización de dicha instalación es legal, pero la aprobación de la comunidad es necesaria, según la Ley de Propiedad Horizontal.
Si la instalación tiene como objetivo que algunos vecinos participen en el autoconsumo para uso individual, la aprobación de un tercio de los propietarios es suficiente.
El siguiente paso implica un análisis de viabilidad para determinar la potencia y el tipo de instalación más apropiados para la comunidad, tomando en cuenta factores como la orientación, la superficie disponible y el costo.
Posteriormente, se procede a la solicitud de permisos, seguida por la instalación y, finalmente, la legalización de la estructura, para lo cual se dispone de un plazo de entre uno y tres meses.
En cuanto a los costos, el rango de precios varía entre 10,000 y 50,000 euros, una inversión que se recupera a través de la disminución en el consumo eléctrico. Además, las propiedades experimentan un aumento en su valor.
Fuente: 20 Minutos
